Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Senado de la República iniciará la próxima semana, los días 24 y 25 de marzo, la discusión legislativa del denominado Plan B electoral, una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modificar las reglas de los comicios y la operación de los órganos electorales en el país.
La iniciativa, que será analizada en la Cámara alta con la participación de figuras clave como Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, contempla dos ejes principales: el adelanto de la posibilidad de solicitar la revocación de mandato del Poder Ejecutivo Federal al tercer año de gobierno, cuando actualmente está prevista para el cuarto, y la reducción de privilegios y gastos en los congresos federales y locales, así como en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales.
Aunque no se han divulgado declaraciones oficiales específicas de los líderes legislativos sobre los detalles de la sesión, el contexto político marca una agenda centrada en la austeridad y la modificación de los mecanismos de participación ciudadana. Se estima que el costo unitario de una consulta de este tipo podría rondar los 35 pesos por voto, una proyección basada en los datos de la elección intermedia de 2021, donde la participación fue del 52.7% con 48.8 millones de votantes.
El análisis de conversación digital realizado por MW Group indica que el tema ha generado polarización en la esfera pública. Según los datos, el 21% de las conversaciones en redes advierten sobre riesgos potenciales para la democracia, la paridad de género y la libertad en internet derivados de los cambios propuestos.
La discusión del Plan B se suma a la agenda legislativa de la semana en el Senado, en un entorno donde aún no se han hecho públicas las posturas oficiales ni los votos previstos de los demás grupos parlamentarios respecto a la iniciativa presidencial. La aprobación de esta reforma requerirá de los consensos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución en materia electoral.
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