Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de promover la igualdad sustantiva y la no discriminación en la función jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto celebrado en la capital del país, donde se buscó establecer mecanismos para incorporar la perspectiva de derechos humanos en las decisiones judiciales.
De manera paralela a este acercamiento institucional, el Senado de la República ha impulsado la armonización legislativa en materia de género. La senadora Malú Micher ha llamado a uniformar las leyes de protección para mujeres en todos los estados de la federación, buscando eliminar las disparidades normativas que existen entre las entidades federativas y garantizar un marco jurídico común para la defensa de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México han emitido un posicionamiento crítico. Estas agrupaciones exigen que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no permanezcan como declaraciones sin efecto práctico, demandando la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional que dé certeza jurídica a las comunidades originarias.
En el ámbito de la transparencia y acceso a la información, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos ha sumado más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones. Esta cifra representa uno de los repositorios de información pública más extensos de América Latina, facilitando el escrutinio sobre la gestión gubernamental y judicial.
No obstante, el panorama de la justicia en México presenta contradicciones. Mientras las altas esferas del poder judicial y legislativo anuncian avances en materia de derechos humanos, surge un caso específico que cuestiona la procuración de justicia. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo ha sido señalada por otorgar un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de algunos operadores jurídicos frente al discurso institucional de combate a la impunidad.
La convergencia de estos eventos refleja un momento complejo para el sistema de justicia mexicano, caracterizado por la firma de acuerdos de alto nivel entre la SCJN y el Conapred, la presión legislativa para estandarizar leyes de género y la demanda social por derechos indígenas efectivos, todo ello bajo la sombra de casos judiciales que ponen a prueba la credibilidad del sistema y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos públicos para su análisis.
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