Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que había iniciado el día anterior. La decisión judicial obliga al exfuncionario a enfrentar un proceso penal por las acusaciones de daño al erario estatal derivadas de un contrato para una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca fue construida.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. Como medida cautelar, el magistrado fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.
Durante el procedimiento, surgieron contradicciones entre la postura de la acusación y la defensa. Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto se efectuaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones como gobernador, mientras que la Fiscalía lo acusa por delitos cometidos durante su gestión entre 2019 y 2021.
El exgobernador sostuvo que su administración únicamente pagaría por un servicio y no tenía la obligación de construir la planta, postura que contrasta con las acusaciones que señalan irregularidades en los permisos otorgados y en los compromisos financieros adquiridos por su gobierno. La investigación apunta a un supuesto daño patrimonial para el estado de Baja California.
Jaime Bonilla Valdez, quien gobernó la entidad fronteriza hasta 2021 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), queda sujeto a la justicia tras esta determinación. El caso Next Energy ha generado atención pública debido al monto de los recursos involucrados y la naturaleza del contrato firmado para la generación de energía solar en la región de Mexicali.
La vinculación a proceso marca el inicio formal de la etapa de investigación complementaria, donde se deberán presentar más elementos probatorios para determinar la responsabilidad penal del exfuncionario. La gobernadora actual de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ha emitido declaraciones oficiales respecto a las afirmaciones de Bonilla sobre la cronología de los pagos ni sobre la situación de otros colaboradores mencionados en el caso.
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