marzo 29, 2026

Presenta Sheinbaum iniciativa de Ley General contra el Feminicidio con penas de hasta 70 años

Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes la iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. La propuesta, elaborada en coordinación con la Fiscalía General de la República encabezada por Ernestina Godoy, contempla penas de prisión de 40 a 70 años y multas de mil a dos mil UMAS para quienes cometan este delito.

La iniciativa tiene como objetivo principal homologar el tipo penal de feminicidio en todo el territorio nacional, unificando los protocolos de investigación y estableciendo criterios comunes para su persecución. Según los datos duros de la propuesta, la ley define nueve razones de género para configurar el delito y establece 21 agravantes que serán considerados durante el proceso judicial.

Un punto central de la reforma es la sanción de la tentativa de feminicidio, lo que permitirá actuar legalmente antes de que se consuma el crimen si existen elementos que indiquen la intención de quitar la vida a una mujer por razones de género. Con esta medida, el gobierno federal busca cerrar las disparidades legislativas que existen entre los diferentes estados del país respecto a la definición y castigo de este delito.

La presentación de la iniciativa se realizó ante los medios de comunicación en el marco de la conferencia de prensa habitual del gobierno federal, conocida como la mañanera. Aunque no se especificaron los nombres de los legisladores o comisiones específicas que recibirán el documento, se entiende que la iniciativa será turnada al Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación.

Esta acción legislativa responde a la necesidad de fortalecer el marco jurídico para combatir la violencia contra las mujeres en México. La propuesta incluye mecanismos para la reparación del daño a las víctimas o sus familias, además de establecer protocolos claros para la investigación que eviten la revictimización y garanticen el acceso a la justicia.

La entrada en vigor de esta ley, una vez aprobada, representaría un cambio significativo en la forma en que se persigue el feminicidio en México, al establecer penas máximas de hasta siete décadas de cárcel y crear una normativa única aplicable en las 32 entidades federativas.

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