Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su Plan B de reforma electoral, enfocado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego de que su iniciativa constitucional fuera rechazada por la Cámara de Diputados. La propuesta incluye la reducción de regidurías municipales, topes al gasto de congresos locales y la elección de juzgadores por voto popular en 2027, según anunció la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia La Mañanera del Pueblo.
El Plan B surge como respuesta al rechazo legislativo del 11 de marzo, cuando la reforma constitucional de Sheinbaum no obtuvo la mayoría calificada necesaria, al registrar 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. La derrota fue significativa porque incluyó el voto en contra de aliados tradicionales como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM), quienes argumentaron que la propuesta original afectaba a los partidos pequeños y fortalecía un esquema hegemónico.
Entre las medidas concretas del nuevo paquete se establece un máximo de 15 regidurías y un mínimo de 7 en los municipios, frente a las cifras actuales que en algunos casos superan las 20. Además, se propone un tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal para los congresos locales y una reducción progresiva de hasta 15% en el gasto operativo del Senado de la República.
Uno de los puntos más polémicos mantiene la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial de la Federación, programada para 2027, lo que genera reacciones inmediatas entre los partidos. Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, ya manifestó su postura crítica ante esta medida, aunque no detalló los argumentos de su oposición.
El contexto político marca esta iniciativa como un ejercicio de realineación tras la primera gran derrota legislativa de Sheinbaum. Analistas prevén que el gobierno buscará capitalizar el discurso de la “austeridad republicana” para ganar apoyo ciudadano, aunque enfrentará el escrutinio de una oposición fortalecida por la fractura de la alianza oficialista en la votación previa.
El proceso ahora se traslada al Senado, donde Morena y sus aliados necesitarán negociar con los mismos socios que rechazaron la reforma constitucional. La capacidad de construcción de acuerdos y las modificaciones que sufra la iniciativa en comisiones determinarán si el Plan B se convierte en ley o encuentra nuevos obstáculos en el camino.
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