Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- Colombia y Ecuador enfrentan una grave crisis diplomática tras acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre bombardeos ecuatorianos en territorio colombiano que habrían dejado 27 muertos. Su homólogo Daniel Noboa negó categóricamente operaciones fuera de su jurisdicción, asegurando que sus fuerzas atacan objetivos criminales dentro de Ecuador. La disputa se enmarca en una tensión bilateral agravada por una guerra comercial y diferencias en seguridad.
Petro señaló mediante declaraciones en redes sociales que las fuerzas ecuatorianas bombardearon suelo colombiano, dejando 27 cuerpos calcinados y artefactos explosivos en la zona fronteriza. Argumentó que ni grupos armados colombianos ni su propio ejército realizaron los ataques, sugiriendo responsabilidad directa de Quito.
Noboa respondió que Ecuador actúa contra «escondites de grupos criminales» en su propio territorio, insinuando que estos grupos son «en gran parte colombianos» que se infiltraron por «descuido» en la frontera. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, respaldó la postura oficial de su gobierno.
La crisis ocurre en una frontera de 600 kilómetros históricamente afectada por narcotráfico, guerrilla y minería ilegal. Además, ambos países mantienen desde febrero una guerra comercial que impacta importaciones y cooperación energética, incluyendo el transporte de crudo.
Ecuador participa en el «Escudo de las Américas», una alianza de seguridad promovida por Estados Unidos, lo que añade complejidad geopolítica al conflicto. Petro había mencionado previamente un ataque ecuatoriano contra un campo de entrenamiento de disidencias de las FARC la semana anterior, aunque sin proporcionar detalles precisos.
La Comunidad Andina anunció una mesa de diálogo para abordar la crisis, aunque persisten interrogantes sobre la fecha exacta de los bombardeos, la identidad de las víctimas y la verificación independiente de los hechos. Ningún organismo internacional ha confirmado oficialmente los incidentes.
La tensión refleja la volatilidad de la región fronteriza y las profundas diferencias políticas entre los gobiernos de izquierda en Bogotá y derecha en Quito, con implicaciones para la seguridad regional y la estabilidad bilateral.
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