Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de donatarias a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción, según datos que apuntan a 113 entidades afectadas de un padrón superior a 10 mil. La decisión ha generado críticas de grupos defensores de derechos humanos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo caracterizó el hecho como un procedimiento técnico autónomo de la autoridad fiscal.
De acuerdo con la información disponible, la revocación se justifica desde el SAT como un cumplimiento de requisitos legales, citando incumplimientos relacionados con normativas como la Ley de Ciencia. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional México interpretan la medida como una acción política que busca debilitar a la sociedad civil crítica, alineándose con una tendencia regional de restricciones a estos actores. La controversia se intensifica al contrastar estos plazos largos y burocráticos con la autorización exprés otorgada en dos días a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante las preguntas sobre el número exacto y la lista de las entidades sancionadas, la presidenta Sheinbaum declaró desconocer los detalles específicos, enfatizando que se trata de una decisión técnica y autónoma del SAT. No obstante, la mandataria recordó el precedente de Mexicanos contra la Corrupción, organización a la que se le retiró el permiso en la administración anterior bajo el argumento de recibir financiamiento del extranjero, lo que sitúa el debate en un contexto de tensión entre el gobierno y las ONG que cuestionan políticas públicas.
Las Donatarias Autorizadas son figuras fiscales que permiten a las organizaciones recibir donativos deducibles de impuestos, un mecanismo vital para su operación. La pérdida de este estatus implica un impacto financiero directo que podría limitar su capacidad de acción. Aunque el SAT no ha hecho público un comunicado oficial detallando cada caso, la discrepancia entre la explicación gubernamental de carga administrativa y la percepción de persecución política marca el tono del conflicto actual.
La situación permanece en espera de que se haga pública la lista completa de las organizaciones afectadas y los plazos específicos que se les otorgaron para subsanar los supuestos incumplimientos. Mientras tanto, la sociedad civil advierte sobre los efectos de esta medida en la democracia y la rendición de cuentas, en un escenario donde la transparencia de los criterios del SAT para otorgar o quitar permisos sigue siendo un punto de debate central.
About The Author
Más historias
Lotería Nacional realiza Sorteo Especial No. 310 con premio de 27 millones; difunden efemérides y horóscopo del 24 de marzo
Avances médicos y denuncias de fallas marcan la agenda de salud pública en México
Alertan en CDMX por falsos gestores y estafas bancarias; Meta enfrenta sentencia millonaria