marzo 27, 2026

Alumnas de secundaria en Tijuana hostigaban compañeras para prostituirlas

Investiga FGE de Baja California presunta red de explotación sexual en secundaria de Tijuana

Tijuana, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Baja California (FGE) inició una investigación por presunta trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada en la Escuela Secundaria No.6 Ignacio Zaragoza, ubicada sobre la Avenida Buenos Aires de la colonia Altamira en esta ciudad.

La carpeta de investigación 0204-2026-2349 fue abierta por la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género, luego de que una madre de familia presentara denuncia derivada de una publicación circulada en redes sociales que alertaba sobre los hechos.

Según los datos de la investigación fiscal, dos alumnas de entre 13 y 14 años de edad figuran como presuntas hostigadoras, mientras que otras dos estudiantes aparecen como presuntas víctimas, una de ellas menor de 13 años. Las identidades de las menores involucradas no han sido reveladas por las autoridades.

La Fiscal de Género, Hortencia Noriega, tiene a cargo la supervisión del caso. La dependencia indicó que no se descarta la posible participación de mayores de edad en los hechos, aunque hasta el momento no se ha determinado su involucramiento en la presunta red.

Los detalles específicos sobre cómo operaría la presunta red de explotación, incluyendo la existencia de clientes potenciales o mecanismos de captación, forman parte de las líneas de investigación que la FGE mantiene bajo reserva mientras se integran los elementos probatorios del caso.

La Fiscalía General de Baja California no ha emitido un comunicado oficial con avances específicos sobre el estado actual de la investigación más allá de la etapa de integración de datos. Las autoridades competentes continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.

Este caso se suma a los registros de delitos contra menores que atiende la Fiscalía de Género en la entidad, donde la protección de menores de edad constituye una prioridad en las carpetas de investigación que involucran violencia sexual o explotación.

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