Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Argentina hizo efectivo este martes su retiro formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras cumplirse un año del plazo de notificación requerido por el organismo internacional. La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, fue confirmada por el canciller Pablo Quirno a través de la red social X, donde señaló que el proceso iniciado el 17 de marzo de 2025 se había concretado.
El anuncio formaliza una medida que el gobierno argentino había anticipado en febrero de 2025, citando “profundas diferencias” con la OMS en el manejo de la pandemia de COVID-19. En aquel momento, el portavoz presidencial Manuel Adorni justificó la decisión afirmando que “los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”.
Según el canciller Quirno, Argentina mantendrá la cooperación en materia sanitaria a través de acuerdos bilaterales y foros regionales, aunque no especificó qué mecanismos reemplazarán la membresía plena en la agencia de Naciones Unidas. La OMS no ha emitido una declaración oficial sobre la salida argentina hasta el momento de este reporte.
El retiro de Argentina marca un precedente significativo en la historia de la OMS, siendo uno de los pocos países en abandonar voluntariamente la organización desde su fundación en 1948. Expertos en política exterior han señalado que esta decisión refleja la postura del gobierno de Milei de priorizar la autonomía nacional sobre la gobernanza global en áreas sensibles como la salud pública.
La medida ocurre en un contexto donde varios países han criticado el manejo de la OMS durante la pandemia, aunque hasta ahora ninguno había optado por la salida formal. Argentina deberá ahora negociar acuerdos específicos para acceder a programas de vacunación, alertas epidemiológicas y cooperación técnica que antes gestionaba a través de su membresía en la organización.
Organizaciones médicas y científicas argentinas han expresado preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en la capacidad del país para responder a futuras emergencias sanitarias y en su acceso a investigaciones y recursos internacionales. El gobierno, por su parte, insiste en que la soberanía nacional en materia de salud no es negociable.
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