Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República inició el análisis de la iniciativa conocida como ‘Plan B’ electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un contexto marcado por la falta de consenso dentro de la coalición gobernante respecto a la programación de la consulta de revocación de mandato y por altos índices de aprobación ciudadana hacia las reformas de la actual administración.
El Partido del Trabajo (PT), integrante de la alianza oficialista junto a Morena, mantiene su desacuerdo con el planteamiento de realizar la consulta de revocación de mandato simultáneamente con la elección federal de 2027. Esta divergencia ha generado tensiones en el proceso legislativo, aunque las comisiones continúan con el dictamen de la reforma electoral que busca modificar diversos aspectos de la ley institucional.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, encabeza los trabajos legislativos para discutir los puntos constitucionales y legales propuestos por el Ejecutivo. La agenda del Congreso también incluye otras iniciativas prioritarias para el gobierno federal, como la reforma a las llamadas pensiones doradas, una propuesta para flexibilizar garantías de créditos fiscales y una nueva ley destinada a fomentar la inversión privada en infraestructura.
En el ámbito de la seguridad y cooperación internacional, el Senado tiene programado analizar una solicitud para permitir la entrada de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos al territorio nacional. Esta medida está relacionada con actividades de capacitación en el marco de la organización del Mundial de Fútbol 2026, según se desprende de los documentos puestos a consideración de los legisladores.
De acuerdo con datos de la consultora MetricsMx, citados por medios de comunicación, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se sitúa en 76.5%. Asimismo, el sondeo reporta que 82.1% de la población respalda la revisión de las pensiones privilegiadas, lo que otorga un respaldo ciudadano significativo a las reformas que se debaten actualmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado.
A pesar del respaldo en las urnas y en las encuestas, el ejecutivo y sus aliados legislativos enfrentan el reto de unificar criterios para aprobar el ‘Plan B’ electoral. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya ha avanzado en la discusión de los artículos específicos, mientras que en la cámara alta se busca cerrar las diferencias con el PT antes de llevar el dictamen al pleno para su votación definitiva.
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