Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas. La decisión judicial responde a las acusaciones relacionadas con el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que nunca se concretó.
La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja, quien consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal. Durante la audiencia, que inició el 23 de marzo a las 09:23 horas, la defensa de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para intentar desestimar la imputación. Los defensores señalaron que los pagos de 123 millones de pesos se realizaron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla en octubre de 2021, lo que según su postura excluye la responsabilidad por abuso de autoridad durante su gestión.
Asimismo, la defensa argumentó que el delito de uso ilícito de facultades no aplicaba, ya que el proyecto correspondía a un contrato plurianual para adquisición de servicio y no a la adquisición de crédito fiscal. Pese a estas líneas argumentativas, el juez resolvió vincular a proceso al exgobernador por los tres delitos señalados, marcando un avance en un caso que había permanecido estancado durante casi cuatro años debido al fuero constitucional que gozaba Bonilla mientras fue senador y a diversas ausencias en audiencias previas.
De acuerdo con los datos del caso, el contrato con Next Energy contemplaba un monto total de 4,500 millones de pesos a 30 años, con un pago mensual alrededor de 123 millones de pesos. El expediente indica que se registró un pago inicial por dicho monto, destinado a una obra que finalmente no se ejecutó. El juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria dentro del proceso judicial.
La vinculación a proceso de Jaime Bonilla ocurre en un contexto de conflicto político entre el exgobernador, quien actualmente se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo, y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila. El caso ha generado atención mediática y política debido a la magnitud financiera del contrato y el impacto potencial sobre las finanzas estatales, reabriendo el debate sobre la transparencia en proyectos energéticos y el manejo de recursos públicos en la entidad fronteriza.
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