Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó auto de vinculación a proceso penal contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de la entidad, por su presunta responsabilidad en la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica que nunca se edificó. La decisión judicial, tomada la mañana del 24 de marzo, establece que el exmandatario enfrentará un juicio por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la imputación de coautoría y dolo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, durante su gestión (2019-2021), Bonilla autorizó un contrato con la firma Next Energy por un monto de 4,500 millones de pesos a 30 años. El acuerdo contemplaba un pago inicial de 123 millones de pesos a la contratista, recursos que fueron entregados a pesar de que la obra no fue construida y ni siquiera se obtuvieron los permisos necesarios para iniciar su edificación en el Valle de Mexicali.
La audiencia, que inició el 23 de marzo y se extendió por casi 24 horas, sirvió para que el juez Gerardo Anguiano Ceja evaluara las pruebas presentadas por la acusación. La defensa, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que Bonilla ya no ocupaba el cargo de gobernador al momento de realizarse ciertos pagos, tentativa que no logró evitar la vinculación. El proceso judicial continuará ahora para determinar la medida cautelar que se aplicará al exgobernador.
Jaime Bonilla, quien gobernó Baja California bajo la bandera de Morena pero actualmente funge como dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), ha señalado que el caso tiene un trasfondo político relacionado con la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, también de Morena. Tras la resolución, Bonilla declaró a medios locales que no le sorprendía la decisión y advirtió sobre las consecuencias de confrontar a la administración estatal actual.
Este caso marca un precedente al convertir a Bonilla en el primer exgobernador surgido de Morena acusado formalmente de corrupción por el oficialismo en la entidad. La vinculación a proceso implica que el magistrado encontró elementos verosímiles para someterlo a juicio, otorgando un plazo de seis meses a la investigación antes de dictar sentencia. Mientras tanto, la situación jurídica del exsenador queda sujeta a las siguientes etapas del proceso penal acusatorio.
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