Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia. La resolución fue emitida el 6 de abril por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, quien determinó procesar a los uniformados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, municipio de Badiraguato. Según lo relatado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, retornó hacia su casa. En ese momento, “sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo”, indicaron.
De acuerdo con la información recabada, el convoy militar disparó en más de cien ocasiones contra la unidad familiar. Leidy y Alexa murieron en el acto, mientras que dos adolescentes de 14 y 12 años, junto con dos adultos, sobrevivieron al ataque. La familia de las menores ha denunciado “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza” por parte de los castrenses.
Agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que, según el Centro de Derechos Humanos, acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, calificando el evento como una “actuación dolosa”. El organismo señaló que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia”.
En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente. Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, describiendo a la entidad como una de las más peligrosas del país debido a la disputa entre carteles de la droga.
Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 elementos. Paralelamente a este proceso federal, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos. Ante la vinculación a proceso, el Centro de Derechos Humanos expresó que “la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.
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