Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado las acusaciones contra migrantes por traspasar zonas militares en la frontera con México, territorios que la administración ha designado recientemente como ‘áreas de defensa nacional’. Al poner bajo control militar estos espacios en Arizona, California y Texas, se otorga a las tropas autoridad para detener a personas y acusarlas de violar leyes federales, incluyendo una normativa de 1909 contra espías.
Desde abril de 2025, aproximadamente 4,700 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y de penetrar en estas zonas militares. Sin embargo, alrededor del 60% de estos cargos son retirados. Los casos suelen caerse cuando los jueces determinan que ingresar a un área militar no hace culpables a los migrantes si no tenían conocimiento de que se trataba de una zona restringida.
Las investigaciones indican que los migrantes detenidos a menudo no saben leer, no hablan español o inglés, y no logran identificar los letreros de advertencia, los cuales son descritos como poco visibles. Las zonas no están cercadas y la única indicación de su existencia son postes con signos. Durante un recorrido con el sheriff del condado de Doña Ana en Nuevo México, oficiales comentaron que no han recibido información específica sobre cuáles son los límites exactos de la zona militar.
Cuando se solicitó indicar la ubicación precisa del ‘área de defensa nacional’, tanto los soldados en el lugar como el propio Departamento de Guerra evitaron responder. A pesar de esto, el Departamento de Justicia ha afirmado que las acusaciones han logrado frenar los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles, mientras que los fiscales argumentan que el ingreso ilegal es suficiente para probar la intención criminal.
En otro frente migratorio, una jueza federal en Estados Unidos ordenó a la administración de Trump restituir el estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron mediante la aplicación CBP One, tras la cancelación de permisos que afectó a más de 900 mil personas. El fallo establece que estos migrantes actuaron conforme a un mecanismo institucional vigente al momento de su ingreso.
Paralelamente, se reportó el fallecimiento de José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, Guanajuato, quien murió a los 52 años en condiciones extrañas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California. Con este caso, suman 14 mexicanos muertos durante el segundo mandato de Trump, comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026.
Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, han fallecido 47 personas en detenciones o bajo custodia del ICE en Estados Unidos, de las cuales tres de cada diez son mexicanos. Desde la creación del ICE en 2003, el saldo es de 63 mexicanos fallecidos por detenciones o bajo su custodia. Ante esta situación, el gobierno de México anunció que participará como ‘amicus curiae’ en una demanda colectiva contra el ICE por las condiciones de detención de migrantes.
Adicionalmente, Estados Unidos inició la construcción de un segundo muro fronterizo en la zona limítrofe entre Mexicali, Baja California, y Caléxico, California.
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