Por Redacción
Ciudad de México, 10 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que ya suman cinco mineros identificados entre los ocho desaparecidos desde el 6 de febrero en la mina La Colorada, ubicada en el municipio de Badiraguato, tras el hallazgo de cuerpos en un socavón inundado a más de 200 metros de profundidad.
Los restos fueron recuperados durante la madrugada del 9 de febrero por equipos de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil estatal y federal, y buzos especializados de la Secretaría de Marina (Semar), quienes descendieron al fondo del socavón donde se produjo el colapso y la inundación. Las identificaciones preliminares se realizaron mediante huellas dactilares y documentos encontrados en los cuerpos, y se notificó a las familias en las últimas horas.
Los mineros identificados hasta el momento son: Jesús Antonio López García (32 años), José Manuel Ramírez López (45 años), Carlos Eduardo Castro Mendoza (28 años), Miguel Ángel Pérez Ruiz (39 años) y Raúl Hernández Soto (41 años). Las autoridades indicaron que los tres restantes —Luis Enrique Vargas, Pedro Sánchez y Juan Carlos Ortiz— aún se encuentran en proceso de identificación formal mediante pruebas genéticas, aunque se presume que corresponden a los cuerpos restantes recuperados.
El accidente ocurrió cuando los trabajadores realizaban labores de extracción en un túnel secundario que colapsó por acumulación de agua y fallas geológicas, inundando el área y atrapando al grupo. La mina, operada por una empresa local dedicada a la extracción de oro y plata, no contaba con los permisos actualizados de seguridad según reportes preliminares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que investigan posibles irregularidades en mantenimiento y ventilación.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó condolencias a las familias y anunció apoyo económico inmediato a través del Fondo de Desastres Naturales y la Secretaría de Bienestar, además de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. La FGR abrió carpeta por homicidio culposo y lesiones contra quien resulte responsable, mientras la STPS clausuró temporalmente la mina y ordenó auditorías a todas las operaciones mineras en la zona.
El caso revive el debate sobre la precariedad laboral en la minería artesanal y de pequeña escala en Sinaloa, donde miles de trabajadores operan en condiciones de alto riesgo sin seguridad social ni equipo adecuado. Familiares de las víctimas exigieron justicia y mejoras en las condiciones de trabajo, mientras comunidades de Badiraguato —zona de fuerte presencia del crimen organizado— pidieron mayor presencia federal para garantizar seguridad en rescates y operaciones mineras.
Las autoridades continúan las labores de recuperación y peritajes en el sitio, con apoyo de drones y equipos especializados para evaluar la estabilidad del socavón antes de cualquier cierre definitivo.
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