Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de cualquier delito en el caso de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos, calificando la decisión como un acto de justicia basado en los mecanismos legales de revisión electoral. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que corresponde al tribunal determinar si existió violación a las leyes electorales y hubo que acatar su resolución.
En su intervención, Sheinbaum destacó que el organismo electoral ya determinó que no se cometió ilícito alguno. “Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó la presidenta, quien añadió que es necesario revisar los fundamentos en los que se basó el tribunal para emitir dicha sentencia, mostrando confianza en la institucionalidad del proceso jurídico.
Por otro lado, Carlos Loret de Mola, periodista de LatinUS quien difundió las grabaciones en 2020 junto con el actor David León, rechazó categóricamente el fallo y lo denunció como una “venganza del régimen”. Loret de Mola aseguró que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador, cuestionando la imparcialidad del sistema de justicia en este asunto.
La controversia ha derivado en acciones legales agresivas; según los datos disponibles, se han presentado demandas por daño a la imagen por un monto de 200 millones de pesos cada una contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola. Este contexto de presión legal se suma a las denuncias del periodista sobre riesgos a su seguridad, en un caso que remonta a 2020 cuando se dieron a conocer las imágenes donde Pío López Obrador recibía efectivo, dinero que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que estaba destinado a Morena.
Medios como López-Dóriga Digital han emitido análisis críticos sobre la sentencia, describiendo al organismo como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió a Pío López Obrador de hechos que, en su visión, eran “inabsolvibles”. Esta postura contrasta con la línea oficial del gobierno federal, que mantiene que la resolución del TEPJF es legima y debe ser respetada, cerrando así la vía jurídica para sancionar al hermano del exmandatario por estos hechos.
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