Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al negar que la crisis de personas desaparecidas en México pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad y criticando las ‘debilidades’ y la ‘orientación’ del documento.
En declaraciones realizadas el 7 de abril de 2026, Sheinbaum sostuvo que el concepto de crimen de lesa humanidad es ‘otra cosa’ definida por Naciones Unidas que requiere ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado, condición que aseguró no se cumple en el país actual. La mandataria enfatizó que su gobierno está haciendo un esfuerzo para erradicar el delito y encontrar a las más de 130,000 personas desaparecidas registradas en cifras oficiales.
La presidenta distinguió entre las desapariciones forzadas generadas desde el Estado, ocurridas durante la llamada ‘guerra sucia’, y las perpetradas actualmente por grupos del crimen organizado. ‘Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada guerra sucia (…) Eso ya no ocurre’, afirmó Sheinbaum, quien agregó: ‘No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito’.
Sheinbaum lamentó que el informe del CED, presentado el pasado 2 de abril a la Asamblea General de la ONU, ‘no tomó en cuenta’ las observaciones del Ejecutivo mexicano ni reconoce los esfuerzos institucionales. ‘Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México’, dijo, y anunció que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno, la cual se basó en un análisis ‘párrafo por párrafo’ del documento.
Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, defendió el proceso de análisis que incluyó interacciones con el Estado mexicano desde 2012. Albán precisó que el comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, ‘más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional’. El informe del CED sostiene que estas desapariciones tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
Ante las críticas gubernamentales que califican el documento de ‘tendencioso’ y ‘orientado’ a criticar al Estado, Albán rechazó que el comité pueda ser sometido a presiones por parte de los Estados. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General.
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