Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes ante el Senado su Plan B de reforma electoral, que incluye la reducción de regidores municipales, topes salariales para funcionarios electorales y cambios en el proceso de revocación de mandato que permitirían a la titular del Ejecutivo hacer campaña. La propuesta, impulsada tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados, busca ser aprobada antes de septiembre por restricciones constitucionales y cuenta con el respaldo inicial de Morena y el PVEM, aunque este último muestra fisuras internas.
Entre las medidas centrales de la iniciativa se encuentra la reducción del número de regidores por municipio, estableciendo un rango de entre 7 y 15, en lugar de las cifras actuales que en algunos casos superan los 20. Asimismo, se propone un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del presupuesto estatal y se elimina el principio de paridad de género en las regidurías, uno de los puntos que ha generado mayor polémica.
En materia de revocación de mandato, la reforma adelantaría el plazo para solicitarla al tercer año de gobierno y, de manera destacada, autorizaría explícitamente a la presidenta en funciones a realizar campaña con recursos públicos a favor o en contra de la consulta, un cambio sustancial respecto a la normativa anterior que limitaba la participación del titular del Ejecutivo.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la propuesta como una medida de austeridad necesaria. “Estamos ante una reforma que busca eficientar el gasto público y fortalecer la democracia participativa”, declaró. Por su parte, el líder del PVEM, Manuel Velasco, anunció el apoyo unánime de su bancada, aunque contradicciones internas surgieron cuando el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto completo.
Desde la oposición, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, criticó duramente la iniciativa. “Es un retroceso en materia de derechos políticos de las mujeres al eliminar la paridad en regidurías y una manipulación de la revocación de mandato para convertirla en un instrumento de propaganda gubernamental”, afirmó. La legisladora cuestionó también la coherencia de promover austeridad mientras se autorizan recursos no especificados para campañas de la titular del Ejecutivo.
El contexto de la propuesta se enmarca en el fortalecimiento de la fiscalización, luego de que en 2025 el FISEL (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) iniciara 741 carpetas de investigación. La reforma incluye además ajustes en los topes de campaña y la obligatoriedad de debates entre candidatos. Monreal adelantó que esta iniciativa será complementada con una reforma judicial que se presentará en las próximas semanas.
El trámite legislativo se prevé acelerado, dado el plazo constitucional que vence en septiembre. La posición del Partido del Trabajo (PT) aún no está definida públicamente, mientras que el impacto presupuestal exacto de las medidas propuestas requiere de un análisis técnico que los legisladores demandaron previo a la votación en comisiones.
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