Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un nuevo paquete de reformas electorales, conocido como ‘Plan B’, enfocado en reducir el presupuesto de los congresos locales y el número de regidores municipales, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obras públicas en estados y municipios. La iniciativa, que será enviada formalmente al Congreso de la Unión este martes 17 de marzo, surge tras el rechazo la semana pasada de una propuesta más ambiciosa que incluía cambios al Instituto Nacional Electoral (INE) y al financiamiento de los partidos políticos.
La mandataria señaló que el propósito central de esta nueva propuesta es “reorientar el presupuesto de los congresos locales, el Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en municipios y estados para obra pública”. Según estimaciones citadas en análisis editoriales, el ahorro aproximado de estas medidas rondaría los 4,000 millones de pesos. Ejemplos puntuales del costo por legislador, como los más de 34 millones de pesos anuales por diputado en Baja California o los 5.1 millones en Colima, fueron mencionados para ilustrar el gasto que se busca recortar.
El anuncio se da después de que el llamado ‘Plan A’ fuera rechazado en la Cámara de Diputados el 11 de marzo, incluso con el voto en contra de los aliados tradicionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Según análisis periodísticos, estos partidos habrían rechazado la iniciativa anterior por temor a fomentar un partido hegemónico y a poner en riesgo su propio registro. El nuevo ‘Plan B’ es el resultado de un acuerdo alcanzado durante el fin de semana entre la bancada de Morena y estos dos partidos.
Sheinbaum aclaró que, si bien este nuevo paquete no incluye la reducción de privilegios a los partidos políticos —uno de los objetivos que no logró consenso—, su gobierno seguirá insistiendo en ese punto. “Seguiremos insistiendo en disminuir el ingreso económico a los partidos políticos”, afirmó la presidenta, subrayando que los recursos ahorrados con la reforma serán etiquetados específicamente para infraestructura.
Críticas editoriales han caracterizado la propuesta como una carga de austeridad que recae principalmente en los gobiernos estatales y municipales, vulnerando el federalismo, mientras que salva a instituciones federales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La iniciativa se presenta ahora ante un Congreso donde Morena y sus aliados necesitarán negociar su aprobación, en un contexto político marcado por las tensiones tras el fracaso de la reforma integral.
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