Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La votación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral en el Senado está programada para el miércoles 25 de marzo, según anunció el coordinador de Morena Ignacio Mier Velazco, quien aseguró que se buscará aprobarla antes de Semana Santa aunque sin confirmación oficial definitiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa esta reforma constitucional en materia electoral, que cuenta con el apoyo general de sus aliados PVEM y PT, aunque con reservas internas sobre ciertos aspectos como la revocación de mandato. El coordinador del PVEM Manuel Velasco Coello y la vicecoordinadora del PT Geovanna Bañuelos de la Torre han mantenido su respaldo a la iniciativa.
La oposición ha criticado duramente la reforma. El senador del PRI Manuel Añorve Baños la calificó como ‘el Plan Maduro’, mientras que columnas de opinión en medios digitales la han denominado ‘Ley Maduro’ y ‘golpe de Estado’. El diputado Elías Lixa Abimerhi señaló que la reforma generará más gasto en lugar de ahorro.
Según datos de la investigación, la reforma implicaría un aumento en el número de integrantes de cabildos en aproximadamente 1,100 municipios, mientras que solo 56 los reducirían. En Yucatán, el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, generando 221 regidurías adicionales.
Medios como López-Dóriga Digital argumentan que la revocación de mandato incluida en el ‘Plan B’ es improcedente porque no se ha dado la ‘pérdida de confianza’ en la presidenta, requisito constitucional. La Jornada reporta que Morena tiene planeado aprobar el próximo miércoles en el pleno la reforma constitucional.
Existen discrepancias sobre la fecha exacta de la votación. Mientras La Jornada afirma que Morena tiene ‘planeado aprobar el próximo miércoles’, SDP Noticias señala que es una expectativa no confirmada oficialmente. Tampoco se especifica el número exacto de senadores a favor y en contra, ni si la mayoría de Morena y sus aliados es suficiente para su aprobación.
La oposición (PRI, PAN, PRD) se muestra crítica, alegando que la reforma busca debilitar al INE, aumentar el gasto público municipal y permitir una campaña permanente del Ejecutivo mediante la revocación de mandato. No se detallan los ‘privilegios’ específicos que se buscarían reducir en los órganos electorales, ni se aclara el proceso o los plazos para la elaboración de las ‘leyes secundarias’ mencionadas por Ignacio Mier Velazco.
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