Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, con 87 votos a favor y 41 en contra, tras una sesión marcada por la división entre los grupos parlamentarios. La votación, realizada con 128 senadores presentes, contó con el respaldo de las bancadas de Morena, PVEM y PT, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incluye medidas como el tope de 15 regidurías por Ayuntamiento, la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del gasto estatal y la eliminación de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. Asimismo, se estableció un recorte progresivo del 15% al presupuesto del Senado.
Sin embargo, el punto medular para la jefa del Ejecutivo, consistente en adelantar la revocación de mandato al año 2027, fue rechazado. Esta decisión respondió principalmente a la negativa del Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición oficialista, quien se sumó a la postura de la oposición que califica la reforma como un retroceso democrático destinado a desaparecer la competencia política.
Durante la discusión, surgieron discrepancias sobre el impacto financiero real de las modificaciones. Mientras fuentes oficialistas destacan el ahorro en recursos públicos, análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante años electorales podría generar mayor gasto al requerir otros mecanismos para respetar los derechos laborales de los funcionarios.
En medio del debate, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, mencionó la existencia de presiones y ofertas en torno a la votación, aunque no proporcionó detalles concretos sobre dichas afirmaciones. Por su parte, Oscar Cantón Zetina presentó argumentos en la sesión del Senado en representación de su grupo parlamentario.
Con esta aprobación en lo general, la reforma electoral avanza en el proceso legislativo, aunque resta definir la votación en lo particular de cada artículo y su eventual envío a las legislaturas locales para su ratificación, en un escenario donde persisten divergencias sobre el fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones democráticas.
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