SCJN reserva por cinco años información sobre modelo y costo de su parque vehicular

Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reservar por un periodo de cinco años la información referente al modelo, costo y fecha de adquisición de los 151 vehículos que conforman su parque vehicular, así como los datos sobre qué ministros han adquirido los automóviles asignados a sus ponencias desde 1994 hasta la fecha.

La decisión fue tomada por el Comité de Transparencia de la SCJN en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de 2026. Según la resolución oficial, el organismo consideró que hacer públicos estos detalles “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial.

En su argumentación, el Comité señaló que la medida es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”. Por ello, se negó a divulgar especificaciones técnicas y financieras de la flota, incluyendo la información sobre las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee cuya adquisición fue revelada recientemente.

Medios de comunicación como El Siglo de Torreón y El Universal reportaron que, aunque la solicitud de transparencia no pidió explícitamente datos de asignación específica ni el emplacado de las unidades, la Corte extendió la reserva a la identidad de los ministros que han recibido vehículos en las últimas tres décadas. Con esta determinación, quedan ocultos al público el monto total invertido en las 151 unidades, así como los costos y modelos específicos de cada automóvil.

Esta acción de transparencia restringida se produce en un contexto donde la adquisición de vehículos blindados para los ministros ya había generado atención pública. La SCJN mantiene bajo resguardo la lista de los titulares a quienes se asignan dichos recursos, así como las placas de circulación de la flota, amparándose en la protección de la integridad física de sus integrantes como prioridad sobre el acceso a la información detallada del gasto.

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