Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la implementación de un nuevo requisito fiscal obligatorio para la comercialización de gasolinas y diésel, el cual entrará en vigor el próximo 24 de abril de 2026. La medida, denominada “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, se integrará al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con el objetivo de combatir el huachicol fiscal, el robo de hidrocarburos y el contrabando técnico.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta estrategia fue desarrollada en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). El nuevo esquema establece que los establecimientos dedicados a la venta de combustibles deberán contar con un permiso vigente ante la CNE para poder emitir facturas electrónicas por conceptos de gasolina regular, premium o diésel.
El mecanismo de control funcionará mediante una validación automática: si el permiso del contribuyente, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la clave del producto no coinciden con la lista diaria de permisos vigentes, el comprobante fiscal no podrá certificarse. Esta disposición busca garantizar la trazabilidad de cada litro vendido y asegurar que la comercialización se realice de manera lícita y transparente.
Ante la proximidad de la entrada en vigor de la normativa, las autoridades federales hicieron un llamado a los permisionarios para verificar la vigencia de sus autorizaciones antes del 24 de abril y regularizar su situación en caso de ser necesario. El SAT indicó que esta acción forma parte de una ofensiva más amplia contra la corrupción y las prácticas ilícitas en el sector energético, siguiendo antecedentes como la desarticulación de redes de robo de hidrocarburos reportada en julio de 2025.
La integración de este complemento al sistema de facturación electrónica representa un cambio operativo inmediato para todas las gasolineras y comercializadores de combustibles en el territorio nacional, quienes deberán adaptar sus sistemas para cumplir con los nuevos requisitos de validación interinstitucional entre el fisco y los reguladores energéticos.
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