Ciudad de Mexico, 14 de abril de 2026.- La sanidad pública de México ha comprado fármacos a distribuidores irregulares por un valor de 9,500 millones de pesos desde 2021 hasta la fecha. De acuerdo con una revisión de los contratos asignados a las empresas incluidas en el Listado de Distribuidores Irregulares de Medicamentos, creado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en gran parte de los estados y en las grandes instituciones de salud se recibieron medicinas distribuidas por estas compañías.
Entre 2021 y 2025, diferentes distribuidores que posteriormente fueron sancionados por prácticas ilegales colocaron medicinas y fármacos por al menos 9,500 millones de pesos, unos 450 millones de dólares, en el sector público de salud mexicano. En total, 28 de los 162 distribuidores irregulares identificados lograron concretar 1,360 contratos públicos con el sector salud. Estas empresas infringen la regulación sanitaria al operar sin autorización o sin cumplir los requisitos normativos.
La parte del león de estos recursos fue para la empresa Ethomedical, que recibió casi 8,000 millones de pesos en 2021 y 2022. Esta compañía se encuentra dentro del listado oficial por contar “con irregularidades graves y se encuentra suspendido”, según la Cofepris. Ethomedical obtuvo la inmensa mayoría de sus contratos por adjudicación directa y para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La investigación señala que Ethomedical ha sido vinculada con Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha negado conocer a esta persona. Los cambios que desde 2018 han experimentado los sistemas de compra de medicamentos, y que llevaron al desabastecimiento de medicinas, facilitaron compras de emergencia que beneficiaron a este tipo de distribuidores.
Un documento interno de la Comisión indica que “México se ubica entre los primeros seis países de venta y distribución de medicamentos falsificados y clandestinos a nivel mundial”. De acuerdo con las denuncias y alertas presentadas por las autoridades, este mercado se ha multiplicado por cinco desde 2018, en paralelo a los problemas de desabasto existentes en el sector salud.
En un millar de contratos con una veintena de estados y con las grandes instituciones de salud, empresas que luego fueron señaladas por no cumplir las legislaciones sanitarias y administrativas vendieron sus productos a hospitales públicos. La revisión confirma que los productos de estas firmas llegaron a diversas entidades federativas y a los principales proveedores de servicios de salud del país.
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