Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el aumento descontrolado y exponencial de fábricas de cerdos en México durante la última década, tras concluir su segunda visita oficial al país. En un comunicado conjunto emitido por la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), se informó que el funcionario internacional realizó un recorrido del 9 al 20 de marzo de 2026 para revisar los avances en materia de protección ambiental.
Durante su estancia, Orellana señaló que el uso del término “granjas porcícolas” funciona como un eufemismo para describir lo que en realidad son instalaciones industriales masivas. El relator destacó que existen casos donde estas granjas albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades que cuentan con apenas 1,500 habitantes, lo que evidencia una disparidad significativa entre la capacidad productiva y la densidad poblacional de las zonas afectadas.
La gira de trabajo incluyó visitas a los estados de Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. En este marco, el enviado de la ONU sostuvo encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal y se reunió con autoridades correspondientes a los tres Poderes de la Unión, así como con la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos.
El mandato del Relator Especial, establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023, tiene como objetivo monitorear el impacto de los desechos peligrosos en los derechos humanos. Aunque la investigación no detalla cifras exactas sobre el número total de fábricas ni identifica a las empresas propietarias de estas instalaciones, la advertencia del organismo internacional pone el foco en la escala industrial del sector ganadero y sus implicaciones ambientales.
Las conclusiones detalladas de esta misión serán integradas en un informe final que se espera sea publicado durante el segundo semestre del año. Este documento podría influir en las políticas públicas de regulación ambiental que implemente la Semarnat y otras autoridades federales en los próximos meses.
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