Por Redacción
Ciudad de Mexico, 21 de julio de 2026.- Los diputados Alberto Martínez y Ángel Augusto Tamariz propusieron reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México con el objetivo de homologarla con la Constitución federal. La iniciativa fue dada a conocer por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente durante su sesión y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia para su dictaminación.
Los legisladores señalaron que existen “importantes áreas de oportunidad” para realizar estos ajustes. Esta propuesta surge después de que el Decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial fue publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Cabe recordar que en la elección extraordinaria de 2025 en la capital se eligieron cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 34 cargos para magistradas y magistrados, y 99 para jueces, con una participación ciudadana cercana al 14 por ciento.
En un hecho separado relacionado con el sistema de justicia, Brenda Quevedo Cruz salió de su departamento donde permanece bajo prisión domiciliaria durante la tarde del viernes 17 de julio. La mujer, quien acumula 21 años sin sentencia y cuya fase de investigaciones terminó desde 2014, obtuvo un permiso humanitario para visitar a su padre, quien se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular por el que está intubado.
Quevedo Cruz salió custodiada bajo un fuerte operativo de la Guardia Nacional que la acompañó hasta el hospital del ISSSTE en Toluca, Estado de México. Esta fue su primera salida desde el 24 de junio de 2024. Aunque el permiso humanitario se emitió la mañana del 17 de julio, el traslado se retrasó cinco horas debido a que en el documento original se colocó mal la fecha, lo que obligó a emitir un nuevo documento con la fecha correcta.
Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada en 2009, tras lo cual pasó más de 15 años en penales federales. Organismos internacionales como la ONU y la CNDH han señalado irregularidades en su caso y acusan que la detención fue arbitraria.
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