Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una nueva propuesta de reforma electoral, conocida como Plan B, que incluye un tope presupuestal a los congresos locales y la eliminación de regidurías plurinominales. La iniciativa surge después de que la reforma original fuera rechazada por los aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el pasado 11 de marzo. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, coordinó las negociaciones que dieron lugar a esta propuesta más acotada.
La medida central del Plan B es establecer un límite máximo del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales, lo que, según cifras oficiales, representaría un ahorro proyectado de aproximadamente 4 mil millones de pesos sobre el presupuesto actual de estos órganos, que asciende a más de 18 mil 429 millones de pesos. Este punto, junto con la eliminación de las regidurías plurinominales, fueron los dos componentes acordados con los partidos aliados para reactivar la discusión legislativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que esta nueva iniciativa mantiene la esencia de la reforma original, enfocada en reducir privilegios y aplicar principios de austeridad republicana. Sin embargo, el Plan B deja fuera otros componentes más amplios de la propuesta inicial que generaron rechazo, lo que refleja una estrategia de negociación para asegurar los votos necesarios en la Cámara de Senadores, donde Morena y sus aliados buscan consolidar una mayoría.
Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, ha respaldado el envío de la nueva iniciativa, señalando que responde a los acuerdos alcanzados. La postura oficial del PT sobre este acuerdo específico aún no se ha detallado públicamente. El contexto político inmediato está marcado por la necesidad del gobierno de avanzar en su agenda de reformas tras el primer tropiezo legislativo.
El envío de la iniciativa al Senado inicia formalmente el proceso legislativo para su discusión y eventual votación. Se espera que en los próximos días se conozca el texto completo de la propuesta, que modificará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y posiblemente algunos artículos constitucionales. El debate promete reavivar las tensiones entre el oficialismo y la oposición respecto a los alcances de la reforma electoral en México.
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