Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General. El organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso de manera inmediata.
El CED concluyó que la información que ha recibido contiene indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil, independientemente de si son orquestados en las altas esferas del Gobierno.
Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar. Además, señaló la falta de una mejora sustancial desde su visita en 2021 y advirtió que en algunos casos las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución del CED y calificó el informe como tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas lamentaron que el comité no considerara las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo previo a la publicación de la resolución.
El gobierno mexicano alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y argumentó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Asimismo, señalaron que el propio CED admite en su resolución que no hay una política federal de ataques sistemáticos y que el análisis se circunscribe a solo cuatro de los 32 Estados de la República.
En su defensa, la administración federal afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025. La SRE resaltó herramientas actuales como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, declarando que “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del organismo. Corcuera lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno y señaló que la reacción gubernamental “es una muy mala señal”, aclarando que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno.
México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. Por su parte, el CED indicó que muchas desapariciones se producen en el contexto de la guerra contra las drogas a nivel nacional y que siguen siendo urgentes reformas estructurales para prevenirlas.
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