Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México anunció una ofensiva legal y diplomática para exigir explicaciones a Estados Unidos sobre las condiciones en los centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras confirmarse la muerte de 14 connacionales desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración agotará todas las vías jurídicas para visibilizar lo que calificó como una crisis de derechos humanos.
Como parte de esta estrategia, la Cancillería mexicana se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo aislamiento punitivo, atención médica limitada y deficiencias en servicios básicos. La querella, presentada el 26 de enero de 2026 por una coalición de defensores de derechos humanos, documenta un patrón sistemático de abusos.
En el centro de Adelanto, operado por la empresa privada GEO Group pero bajo responsabilidad jurídica del ICE, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, hallado inconsciente y declarado muerto posteriormente en un hospital. Aunque algunas fuentes señalan supuestas complicaciones médicas, la causa legal no se ha establecido oficialmente. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, declaró que la situación es “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior.
La mandataria anunció que México presentará por primera vez una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer las presuntas violaciones, particularmente la “deficiente atención médica”. “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, señaló Sheinbaum. Además, se enviarán cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos y se sostendrán reuniones con familias de las víctimas y organizaciones civiles en Los Ángeles.
Las acciones diplomáticas incluyen el abordaje del tema por parte del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. rechazó las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados y que se brindó atención médica a los detenidos. Por otro lado, en un caso separado en Florida, una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados para los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, tras concluir que las condiciones limitaban el derecho a la defensa.
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