* La presidenta de la Mesa Directiva recibe formalmente solicitud del Frente Amplio Democrático para discutir en Parlamento Abierto la próxima reforma político-electoral.
* Se compromete a turnar la petición a comisiones una vez que la iniciativa presidencial llegue a la Cámara; insiste en que “todos tenemos derecho a ser escuchados”.
Ciudad de México.— En un momento político marcado por la expectativa sobre una eventual reforma político-electoral del Ejecutivo federal, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió formalmente la solicitud del Frente Amplio Democrático (FAD) para que el Congreso convoque a un Parlamento Abierto antes de dictaminar cualquier cambio en la arquitectura electoral del país.
El planteamiento no es menor. El FAD propone la integración de una comisión plural y bicameral que coordine foros, análisis técnicos y deliberaciones públicas para revisar todas las iniciativas en materia electoral. El objetivo declarado: asegurar un proceso “transparente, informado e institucional” que incorpore a fuerzas políticas, especialistas, organizaciones sociales y ciudadanía.
Durante el encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán dejó clara su postura institucional: la solicitud será remitida a las comisiones dictaminadoras una vez que la Presidencia de la República envíe formalmente la iniciativa.
“Hago en este momento un compromiso público con ustedes para que, una vez que se reciba la iniciativa de la Presidencia de la República, yo pueda remitir esta solicitud del Parlamento Abierto a las comisiones de dictamen”, afirmó.
Subrayó que corresponde a las comisiones definir el método de discusión, pero adelantó su convicción personal a favor de una deliberación amplia. “Todos tenemos derecho a ser escuchados”, insistió.
Un debate que impacta a 134 millones
En su mensaje, la presidenta de la Cámara enfatizó que una reforma electoral impacta directamente a la totalidad de la población mexicana. Habló de 134 millones de personas, aludiendo al universo poblacional del país, para dimensionar el alcance de la discusión.
Desde esa óptica, sostuvo que la deliberación no puede reducirse a una negociación partidista, sino que requiere apertura institucional. “Es mi convicción que, desde esta Cámara de Diputados, se puedan escuchar todas las voces”, dijo.
El FAD, por su parte, argumenta que todas las grandes reformas político-electorales del proceso de transición democrática mexicana —las que posibilitaron la alternancia en el poder— fueron producto de consensos amplios y debates públicos incluyentes. En el documento entregado, advierten que no existe razón para marginar ese método en la coyuntura actual.
Los perfiles que respaldan la petición
Entre los asistentes al encuentro estuvieron figuras con trayectoria en el ámbito electoral y político, como:
José de Jesús Orozco Henríquez, exmagistrado electoral.
María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral.
Jesús Ortega, exdirigente partidista.
Demetrio Sodi, exlegislador y exjefe delegacional.
Cristina Renaud, activista.
La presencia de exautoridades electorales y perfiles con experiencia en procesos de reforma refuerza el argumento técnico del bloque solicitante.
El trasfondo político
Aunque la iniciativa presidencial aún no ha sido presentada formalmente, el debate ya está instalado en la arena pública. Históricamente, la Cámara de Diputados ha sido la cámara de origen para reformas electorales, por lo que San Lázaro se perfila como el epicentro de la discusión.
El compromiso de la Mesa Directiva no garantiza la realización automática de un Parlamento Abierto —esa decisión corresponderá a las comisiones—, pero sí coloca el tema en la agenda institucional desde el arranque.
En términos políticos, la solicitud busca fijar una narrativa preventiva: que cualquier modificación al sistema electoral pase por un proceso visible, deliberativo y plural. En otras palabras, blindar legitimidad antes que acelerar mayorías.
La pregunta de fondo no es solo si habrá reforma, sino bajo qué método se construirá. En democracias complejas, la forma del debate suele ser tan relevante como el contenido de la ley. Y ahí, el Parlamento Abierto se convierte menos en un trámite y más en una disputa sobre la legitimidad misma del proceso legislativo.
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