Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal desestimar la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. La petición, contenida en un documento jurídico de más de 100 páginas, busca ratificar la sentencia impuesta en octubre de 2024, que condenó al funcionario a más de 38 años de prisión por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
La fiscalía especial, encabezada por Adam Amir y el fiscal en jefe Joseph Nocella, respondió así a los argumentos legales que el equipo de defensa de García Luna presentó en diciembre de 2025. Los abogados del exfuncionario, liderados por César de Castro, habían interpuesto el recurso alegando que el juicio se basó principalmente en testimonios no corroborados de criminales, cuestionando la solidez de las pruebas presentadas durante el proceso de cinco semanas.
En su escrito, los representantes del gobierno estadounidense mantienen la postura de que la condena es firme y justificada. La sentencia original incluye, además del tiempo en prisión, una multa económica cuyo monto varía según las fuentes consultadas entre 2 y 5 millones de dólares. Ahora, la defensa cuenta con un plazo de 21 días hábiles para presentar su respuesta ante la solicitud de rechazo de la apelación.
Este movimiento procesal representa un nuevo capítulo en el caso del exfuncionario mexicano, quien fue detenido en Estados Unidos y juzgado por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. La estrategia de la fiscalía busca cerrar las vías legales que podrían modificar o anular el veredicto emitido el año pasado, insistiendo en la validez de los cargos que llevaron a García Luna a la cárcel.
Mientras se resuelve este incidente appellate, el proceso judicial continúa su curso en los tribunales de Nueva York. La decisión final sobre la admisión o rechazo de los argumentos de la defensa quedará en manos de los jueces federales, quienes determinarán si existen méritos para revisar la condena o si esta se mantiene definitiva conforme a lo solicitado por el Departamento de Justicia.
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