Jueza vincula a proceso a ex subprocuradora de Guerrero y otra funcionaria; dicta prisión preventiva

Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras determinar la existencia de elementos para proceder penalmente en su contra. La decisión judicial, tomada el 19 de marzo en la Ciudad de México, establece un plazo de dos meses para la investigación y ordenó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con la información disponible, la vinculación a proceso se deriva de la comisión de delitos que incluyen la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, aunque existen discrepancias en las fuentes sobre la tipificación exacta, mencionándose también delitos contra la salud. La Fiscalía General de la República (FGR) es la institución encargada de las indagatorias, las cuales se desarrollan en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014.

El contexto de estas acciones legales incluye hallazgos sobre la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, material que podría ser relevante para esclarecer los hechos de aquella noche. La autoridad judicial no ha especificado detalles sobre la participación directa de las exfuncionarias en el caso de los estudiantes, limitándose la resolución actual a los delitos de posesión de armamento y sustancias controladas descubiertos durante el proceso.

La medida cautelar de prisión preventiva fue aplicada específicamente a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, dada la gravedad de los imputados y el riesgo de obstaculización de la justicia. Por el momento, se mantiene la reserva sobre el nombre completo de la segunda involucrada, Margarita A., así como sobre si ambas enfrentan los mismos cargos o si la vinculación se extiende directamente a los hechos de desaparición forzada.

Este desarrollo judicial representa un nuevo capítulo en la larga búsqueda de justicia por el caso Ayotzinapa, donde la FGR continúa explorando líneas de investigación que apuntan hacia la posible colusión o negligencia de autoridades locales y estatales en el ocultamiento de evidencias clave. La sociedad mexicana mantiene la expectativa de que estas acciones derivadas de hallazgos colaterales permitan avanzar hacia la verdad histórica de los 43 estudiantes desaparecidos.

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