Almoloya De Juárez, 28 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades del penal del Altiplano brindar atención médica inmediata a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, quien se reporta en estado de salud “muy grave”. La resolución judicial concede el amparo presentado por el interno para que se le otorguen los servicios médicos y tratamientos necesarios.
De acuerdo con la información disponible, Héctor Palma Salazar presentó una demanda de amparo debido a la falta de atención médica en el centro penitenciario. Se señala que desde el 13 de abril de 2026, el área de salud del penal ignoró al preso pese a su condición. El diagnóstico indica que padece tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático, lo que le provoca dolores muy fuertes en la espalda y el pecho al respirar, así como insomnio.
Por otra parte, Isaí Martínez, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya. Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras haber sido detenido en Nogales el 26 de mayo de 2026. El traslado se realizó en un avión militar que partió de la base aérea de Hermosillo a las 12:25 horas del 27 de mayo de 2026 con destino al Estado de México.
Isaí Martínez llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 15:30 horas del 27 de mayo de 2026. Con su ingreso, se convierte en el cuarto familiar directo de ‘El Chapo’ Guzmán que llega al penal del Altiplano. Hasta el momento, se desconoce si a su llegada será puesto a disposición de un juez.
En un desarrollo paralelo relacionado con el caso Guzmán, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dirigió una carta al juez de distrito Brian M. Cogan solicitando “trato justo” y garantías constitucionales. En el documento, el narcotraficante denunció presuntas irregularidades en el caso que enfrenta en Estados Unidos y afirmó que sus derechos constitucionales “han sido vulnerados”.
“Solicito recibir un trato justo en este país. De acuerdo con los principios constitucionales y las leyes aplicables en la corte, tengo derecho a comunicarme y a ser escuchado, así como a la igualdad en la protección de mis derechos”, escribió Guzmán Loera. Ante esto, el juez Brian M. Cogan respondió que, una vez condenado, las disposiciones sobre la reclusión están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. y que él no tenía poder para intervenir.
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