Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen pruebas suficientes para formular la imputación contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con un fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos. La resolución se emitió tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo, y se programó una audiencia de vinculación a proceso para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali.
Según la resolución judicial, el magistrado consideró que los elementos presentados cumplen con los requisitos legales para avanzar con la imputación formal. La investigación se centra en las inconsistencias detectadas en los contratos y el desarrollo del proyecto energético contratado durante la administración de Bonilla. La actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia surgió debido a dichas irregularidades en el proyecto y enfatizó que no se trata de un tema personal, sino de un asunto de legalidad administrativa.
Por su parte, Jaime Bonilla Valdez mantiene su defensa argumentando que el estado nunca se comprometió directamente a construir la planta fotovoltaica, sino que la empresa Next Energy era la encargada de la ejecución. El exgobernador asegura que solo existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad y califica como una “narrativa errónea” las versiones difundidas por la administración actual y los medios de comunicación. Además, cuestiona por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto.
El caso ha generado atención debido al monto de los recursos involucrados, los cuales fueron retenidos y posteriormente regresados. Aunque la fiscalía presentó pruebas que convencieron al juez de control para dar paso a la imputación, los detalles específicos de dicho material probatorio no han sido hechos públicos en los reportes preliminares. La información disponible hasta este momento proviene de reportes de medios locales que extremaron la verificación de los datos ante la complejidad del proceso judicial.
La próxima audiencia del 23 de marzo será determinante para definir si el exgobernador queda formalmente vinculado a proceso por estos delitos. Mientras tanto, la defensa de Bonilla continúa sosteniendo que su actuación se limitó a presentar una iniciativa legislativa aprobada por el congreso local, desplazando la responsabilidad de la ejecución y los contratos hacia la empresa privada y los legisladores que votaron a favor del proyecto.
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