Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que investigan el uso de una camioneta sin placas por parte del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguró que la falta será castigada con todo rigor, independientemente de quien se trate.
El funcionario explicó que se ha instruido una investigación con la intención de aplicar las sanciones correspondientes en contra del legislador. Vázquez Camacho detalló que este tipo de infracciones suelen requerir flagrancia para una aplicación inmediata de la multa, pero el caso se mantiene bajo análisis previo para determinar la emisión de la sanción.
Los hechos surgieron tras la difusión de un video durante el partido amistoso entre la Selección de México y la Selección de Portugal, donde se captó a Blanco ingresando al Estadio Banorte en una camioneta de lujo modelo Cadillac sin placas. El secretario de Seguridad señaló que existía un protocolo restrictivo denominado ‘Última Milla’ para priorizar el acceso peatonal al recinto, permitiendo la entrada de vehículos exclusivamente a aquellos con derechos sobre los palcos.
Sobre el ingreso de la unidad, Vázquez Camacho indicó: “El protocolo de última milla comprendía el acceso vehicular a personas con palcos, es un tema que se analiza y era parte del operativo, así lo dieron a conocer las autoridades”. No obstante, precisó que la irregularidad radica específicamente en que la unidad no estaba identificada para transitar por la vía pública.
El caso generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes de tránsito por parte de servidores públicos en eventos de gran magnitud como la reinauguración del estadio Banorte. Paralelamente, autoridades informaron sobre 50 procesos legales por irregularidades vinculadas al periodo de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, detectados tras auditorías recientes que abatieron un rezago de cuatro años.
José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, señaló que estas revisiones permitieron detectar desvíos y omisiones ahora bajo investigación. De estos casos, 10 derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que 40 expedientes fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa para su seguimiento.
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