Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- Ricardo Gallardo Cardona tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Consultivo Indígena en San Luis Potosí, un órgano de representación que busca fortalecer la participación de los pueblos originarios en la construcción de políticas públicas. El mandatario estatal consolidó con este acto un mecanismo permanente de diálogo con las comunidades indígenas de la zona Media y la Huasteca, las cuales están reconocidas en el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado.
En el evento, el gobernador estuvo acompañado por 54 representantes indígenas provenientes de 24 municipios. Esta instalación marca un esfuerzo por integrar a las comunidades en la toma de decisiones estatales mediante un espacio formal de interlocución.
De manera paralela, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta exigió la cancelación total de las concesiones mineras en este territorio sagrado. Las autoridades tradicionales, civiles y agrarias del pueblo Wixárika interpusieron un recurso de revisión el pasado 30 de marzo contra un fallo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí, el cual resolvió de manera parcial la protección del área.
La resolución judicial fue dictada el 11 de marzo de 2026 dentro de un juicio de amparo promovido en contra de 78 concesiones mineras que afectan el territorio de Wirikuta. Aunque el juzgado ordenó la cancelación de 43 concesiones ubicadas dentro de un Área Natural Protegida estatal, mantuvo vigentes otras concesiones dentro y en la zona de influencia del sitio sagrado.
Entre las concesiones que permanecen activas se encuentran 20 relacionadas con el proyecto de la empresa canadiense First Majestic. Otras 14 concesiones, aunque perdieron vigencia administrativa, siguen dentro del polígono de influencia del territorio ritual. El fallo reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo Wixárika, así como su vínculo con el territorio sagrado y la obligación de realizar consultas desde la etapa de solicitud de concesiones; sin embargo, la resolución no establece la obligación de obtener el consentimiento del pueblo Wixárika para autorizar proyectos mineros.
El criterio judicial limita el consentimiento únicamente a casos de desplazamiento, sin considerar afectaciones espirituales, ambientales y culturales. Además, la resolución no toma en cuenta el riesgo de sobreexplotación de acuíferos en la región ni la incompatibilidad de la actividad minera con el equilibrio del territorio, dejando vulnerables áreas rituales fuera del Área Natural Protegida donde se ubican espacios sagrados y la planta Hikuri.
Ante esta situación, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta declaró: “Wirikuta es la casa de nuestra máxima deidad Tamatsi Kauyumarie (nuestro hermano mayor) y cuna de nuestro Pueblo Wixárika”. Las autoridades wixaritari afirmaron que continuarán con la defensa legal del territorio y advirtieron: “Nuestra lucha sigue en pie, llegaremos hasta la última instancia necesaria para dejar libre nuestro lugar sagrado Wirikuta”.
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