Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La industria minera mexicana identifica una oportunidad para reactivar la exploración y otorgamiento de concesiones, impulsada por la necesidad de Estados Unidos de asegurar minerales críticos. Este escenario se presenta en medio de un contexto de recuperación de terrenos por parte del gobierno federal y conflictos legales con empresas extranjeras.
Estados Unidos y México firmaron en febrero de 2026 un plan de acción para evaluar vías de colaboración más estrechas en la producción, refinación y comercialización de materias primas fundamentales. Previamente, en agosto, Estados Unidos anunció un acuerdo de cooperación con las Islas Cook para explorar la minería de aguas profundas de nódulos polimetálicos, una acción que también realizó China con el mismo país.
Yaxa Michel, presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, señaló que “hay otra sección del mar, cercana a México, que también podría tener estos nódulos polimetálicos”. Según la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), la extracción de estos nódulos no requiere excavación profunda y son más abundantes en la costa oeste del Pacífico mexicano.
Respecto al panorama de inversiones, Michel comentó: “Nos hemos dado cuenta de que el tema de la inversión es muy complicado. Podemos decir que sí hay inversión en lo que ya existe, los minerales clásicos como plata y cobre, pero no tanto en cosas nuevas”. Agregó que “tendríamos que voltear y ver las posibilidades que está abriendo el juego geopolítico actual para México”, especialmente en el área de procesamiento.
En el ámbito regulatorio, México dejó de otorgar concesiones mineras desde 2019. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la superficie concesionada se redujo en 20%, hasta unas 16,8 millones de hectáreas. En febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó recuperar 1.126 concesiones en 889.512 hectáreas por incumplimientos, de las cuales cerca de 250.000 hectáreas se encontraban en áreas naturales protegidas.
Pedro Rivero, representante del sector, declaró: “Estamos en una posición en la que creemos posible que se vuelvan a otorgar concesiones mineras para volver a la exploración, que se ha reducido de forma importante en los últimos años”. Sobre las recuperaciones recientes, Rivero indicó: “El Gobierno estaba un poco preocupado por la cantidad de área que se ocupaba… El esfuerzo que hizo el Gobierno federal ha servido para poder medir realmente cuánto hay, quién lo tiene, cuánto se está pagando en derechos (…) Hay mucha más claridad”.
Paralelamente, persiste el conflicto con la empresa Vulcan Materials (antes Calica) en Quintana Roo, que se remonta a 2018, cuando la Profepa clausuró parcialmente su mina de piedra caliza. La firma inició un arbitraje internacional contra México en 2019 bajo el TLCAN para reclamar 500 millones de dólares. En 2024, un decreto declaró la zona como área natural protegida, impidiendo definitivamente la minería en el predio, mientras el gobierno mexicano sostuvo en 2023 que el arbitraje era improcedente por actuar la empresa de mala fe.
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