Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, evidenciada por una impunidad estructural que deja solo una de cada 10 denuncias con resolución efectiva y un incremento alarmante en la violencia contra fuerzas de seguridad, con 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo de 2026.
De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por la organización México Evalúa con base en datos del INEGI, el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, pero apenas el 6.28% de estos casos logran avanzar hasta una acción penal. Esto significa que la gran mayoría de los procesos se estancan en las fases iniciales, perpetuando un ciclo de injusticia para las víctimas.
La situación es aún más grave en entidades federativas específicas donde la cifra negra de delitos no denunciados es abrumadora. En Coahuila, el 90.7% de los delitos no llegaron a las autoridades, mientras que en Durango esta cifra asciende al 92.6%, lo que refleja una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a la población.
Paralelamente a la ineficacia judicial, la violencia directa contra los operadores del sistema de seguridad se ha intensificado. El reporte de la organización Causa en Común indica que, en los primeros 70 días de 2026, 82 elementos policiales fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones o por motivos relacionados con su labor, lo que sugiere un ataque frontal a las capacidades de respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Estos datos combinados dibujan un escenario donde la impunidad judicial y la violencia letal se retroalimentan, debilitando el tejido social y la capacidad del gobierno para garantizar el estado de derecho. La baja tasa de resolución efectiva de casos, sumada al alto costo humano para las corporaciones policiacas, plantea un desafío urgente para las reformas estructurales que requiere el país.
Ante este panorama, expertos y organizaciones civiles exigen no solo una revisión de los protocolos de investigación, sino también estrategias integrales de protección para los agentes de seguridad, pues la actual dinámica amenaza con colapsar definitivamente la confianza en el sistema de justicia penal mexicano.
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