Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México removió a tres funcionarios de sus cargos por presuntas conductas de corrupción y omisiones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la decisión y aseguró que “no podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, mientras que la fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso “injustificable” en la respuesta institucional.
La joven fue reportada como desaparecida el 15 de abril por sus familiares, quienes acudieron al Ministerio Público con la última ubicación compartida por la víctima en tiempo real, la cual señalaba el edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez. Pese a contar con este dato específico desde un primer momento, las autoridades no llegaron al inmueble hasta las 20:30 horas del 16 de abril. La fiscal Alcalde Luján declaró que esto “implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”.
Según informó la jefa de Gobierno, los tres servidores públicos separados son: un ministerio público que no proporcionó la información sobre el domicilio; un policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero a la familia para acelerar la búsqueda; y un segundo policía del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. Brugada añadió que “ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”, asegurando que “de ninguna manera va a quedar este caso impune”.
La víctima fue hallada sin vida la madrugada del 17 de abril dentro de un departamento del complejo. Existe una discrepancia en las primeras valoraciones sobre la causa de muerte: mientras la fiscalía indicó que presentaba heridas en el tórax provocadas por un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, otras valoraciones médicas preliminares sugieren que golpes muy fuertes podrían ser la causa del deceso. La necropsia servirá para confirmar la hipótesis y determinar la hora aproximada de la muerte.
Además de la actuación policial, se investiga la posible obstrucción de la justicia por parte de la administradora y el vigilante del edificio, quienes inicialmente negaron que Edith hubiera ingresado al lugar y se negaron a facilitar el acceso a las cámaras de seguridad. Ambos ya se encuentran declarando sobre el feminicidio. La fiscal Bertha Alcalde Luján calificó como “indignante” que la familia haya señalado con precisión el lugar y no se haya actuado con la inmediatez requerida.
Las autoridades también indagarán si existió una solicitud irregular a los familiares para esperar 72 horas antes de abrir la carpeta de investigación, un procedimiento contrario a la ley. La fiscal advirtió que solicitar dinero a las víctimas de un delito es una conducta inaceptable y confirmó que se investigará a fondo la denuncia presentada por los parientes de la joven contra los agentes involucrados.
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