Torreón, 27 de marzo de 2026.- Afectados por un presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’ se manifestaron este jueves frente a las instalaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir celeridad en las investigaciones y castigo para los responsables. Mientras las víctimas denuncian nula actuación y solo dos casos judicializados, el delegado regional Carlos Rangel informó que existen 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas contra los involucrados.
El grupo inicial de 27 personas, que reporta un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos, bloqueó parcialmente la circulación en las inmediaciones de la fiscalía. Entre sus señalamientos destacan la huida a España del exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, identificado como uno de los principales actores del esquema, y la liberación en tres ocasiones de otro implicado detenido.
Alfonso Serrano, uno de los manifestantes, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención adecuada. El afectado detalló que las autoridades los citaban a las 9:00 a.m. pero los atendían hasta las 7:00 p.m., además de señalar que el funcionario no responde llamadas a un número personal proporcionado para el seguimiento del caso. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan.
En contraste con la postura de las víctimas, el delegado regional Carlos Rangel aseguró que se estableció una estrategia de atención directa que incluye más de 20 sesiones de trabajo. El funcionario reportó que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas, confirmó la detención de dos mujeres y la reaprehensión de otra persona tras incumplir un acuerdo reparatorio avalado previamente por una víctima.
Rangel reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como organizadores del esquema, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura. Asimismo, enfatizó que la ley se aplicará sin distinción si se acredita la participación de funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que esto depende del avance de los procesos judiciales en curso.
Las investigaciones sobre este caso comenzaron hace aproximadamente un año. La discrepancia entre la versión oficial, que habla de avances significativos, y la percepción de los afectados, que denuncian tortuguismo, mantiene la tensión en la Comarca Lagunera, donde las víctimas exigen soluciones concretas ante el perjuicio económico sufrido.
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