Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presenta una aprobación del 72.3 por ciento, colocándola como la mandataria con mayor respaldo en Latinoamérica, por encima del salvadoreño Nayib Bukele, quien registra 71.8 por ciento, y del dominicano Luis Abinader, con 58.7 por ciento, según una encuesta de marzo de la consultora CB presentada por el gobierno federal.
En contraste con estos indicadores de popularidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la efectividad del voto y la libertad real de los electores en condiciones de equidad fueron inexistentes en el modelo de sufragio atestiguado en 2025. El organismo internacional emplazó al Estado Mexicano para responder en un plazo de cuatro meses, es decir, a mediados de julio de 2026, sobre las violaciones expuestas por 65 personas juzgadoras.
Este escenario se enmarca en la perspectiva de que en 2027 se realizaría el segundo episodio para llevar a las urnas la decisión de votar por jueces y magistrados, con el objetivo de completar la sustitución de todos los titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En dicho año, además de la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 congresos locales y ayuntamientos en 31 entidades, se estaría eligiendo a los jueces y magistrados federales que concluyen su encargo conforme a la reforma.
Sobre el panorama político, el escritor y consultor Roberto Trad Hasbun indicó que en América Latina los gobiernos de izquierda no triunfan tres veces seguidas. El experto señaló que encuestas nacionales muestran un 53 por ciento de enojo social derivado de la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad. Trad Hasbun comentó que quienes cambiaron su voto de izquierda a derecha son perfiles que demográficamente no encuentran su lugar en ninguno de los dos bandos y necesitan ventajas de ambos espectros. Asimismo, planteó que para nivelar la balanza política, en 2030 podría aparecer un outsider o una figura interna del partido en el poder con una visión menos radical.
En el ámbito económico, el Gobierno de México describe un escenario de recuperación gradual tras un 2025 donde el PIB apenas creció 0.6 por ciento según cifras oficiales. Mientras 42 grupos de analistas privados estiman un crecimiento mediano de 1.5 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía mexicana crecerá 1.5 por ciento en 2026. La Secretaría de Hacienda estima que la inflación cerrará 2026 en 3.7 por ciento y convergerá a 3.0 por ciento en 2027, mientras que la encuesta de Banxico de febrero de 2026 prevé una inflación general de 4.0 por ciento para este año.
Respecto a la seguridad y la justicia, el nivel de impunidad en México es de 93.25 por ciento de los delitos cometidos, lo que significa que solo el 6.5 por ciento son sancionados. En 2024 se recibieron casi 9 millones de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de seguridad, mientras que las fiscalías reportaron poco más de 2 millones de denuncias. A nivel nacional, 16 mil 800 personas adultas fueron detenidas por orden de aprehensión, mientras que 17 mil 700 están pendientes de detener mediante este tipo de órdenes judiciales.
En otro orden de ideas, cinco exdirectores del CISEN criticaron al CISEN de la 4T en una reunión en el ITAM el pasado miércoles 25. Entre los señalamientos históricos, se mencionó que el general Carrillo Olea fue echado de la gubernatura de Morelos por complicidad con policías violadores de derechos humanos, y que Jorge Tello Peón subordinó su posición a los intereses del asesor salinista Joseph-Marie Córdoba Montoya. Por su parte, se indicó que los panistas Eduardo Medina Mora y Guillermo Valdés tendrán que explicar por qué el CISEN fue rebasado por el narcotráfico y la violencia durante el docenato panista.
Finalmente, el Tribunal Electoral desechó por unanimidad la impugnación de Federico Döring contra la decisión del INE sobre la supuesta insuficiencia de elementos probatorios para sancionar al hermano del llamado rey del cash. Los magistrados electorales cuestionaron la maquinación y desecharon en definitiva el caso. Seis magistrados de los nueve actuales aprobaron que la Corte conozca amparos en materia electoral cuando se argumente discriminación a ciertos grupos.
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