Washington, 28 de mayo de 2026.- Estados Unidos reintrodujo el miércoles las sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) ha sido actualizada para incluir el nombre de la jurista italiana, medida que le impide utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias.
La Administración de Donald Trump había retirado las sanciones contra ella hace tan solo una semana, después de que un juez federal de Washington suspendiera las medidas impuestas en 2025 por el Gobierno del republicano. En aquella decisión, publicada el pasado día 13, el magistrado concluía que la Administración de Trump probablemente violó su derecho a la libertad de expresión, señalando que la relatora tenía derecho a “más que hablar”.
Sin embargo, la decisión fue frenada el pasado viernes por un tribunal de apelaciones, que concedió medidas cautelares tras una moción de urgencia presentada por el Gobierno estadounidense ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Un panel formado por tres magistrados emitió una suspensión administrativa de la resolución del juez federal, lo que permitió al Gobierno volver a aplicar la designación de Albanese como nacional extranjera sancionada.
La orden del tribunal de apelaciones indicó que la medida era de carácter procesal y “no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo” de la apelación. El caso fue presentado por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, quien actúa también en nombre de la hija de ambos, que es menor de edad. Cali y su hija, que tienen ciudadanía estadounidense, podrán ahora apelar la moción de urgencia.
La medida es una represalia por las críticas de la jurista italiana a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos. La primera vez que el Gobierno Trump impuso sanciones contra Albanese fue en julio de 2025, dentro de un conjunto de sanciones aplicadas también a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI). En esa ocasión, el Gobierno estadounidense justificó su decisión alegando que era una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes.
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