Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles una expansión significativa de su programa de fianzas para visas, elevando a 50 el total de países cuyos ciudadanos deberán pagar una garantía de 15,000 dólares para ingresar al país. La medida, que entrará en vigor el próximo 2 de abril, añade 12 naciones a la lista y se enmarca en las políticas migratorias más restrictivas de la Administración del presidente Donald Trump, con el objetivo declarado de reducir costos por deportaciones.
Entre los nuevos países sujetos al requisito se encuentran Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Estos se suman a los 38 que ya estaban incluidos en el programa, que según las autoridades tiene una tasa de cumplimiento del 97%. El gobierno estadounidense justifica la medida argumentando que el costo promedio de deportar a una persona supera los 18,000 dólares, mientras que la fianza es reembolsable si el visitante sale del país dentro del plazo de su visa.
Según estimaciones oficiales del Departamento de Estado, la expansión del programa podría generar ahorros para el erario federal de hasta 800 millones de dólares anuales. La fianza busca actuar como un fuerte incentivo económico para que los viajeros respeten los términos de su estadía y eviten quedarse de manera irregular, un fenómeno que las autoridades buscan desincentivar de manera agresiva.
La política no ha estado exenta de críticas, ya que algunos analistas la ven como una barrera financiera que discrimina a ciudadanos de naciones con menores ingresos y dificulta el turismo, los negocios y las reuniones familiares. Sin embargo, la administración sostiene que es una herramienta eficaz para proteger el sistema migratorio y los intereses de los contribuyentes estadounidenses.
El anuncio refuerza la línea dura en materia de inmigración que ha caracterizado a la administración Trump, la cual ha implementado una serie de medidas para restringir el acceso y permanencia en el país. La expansión de este programa de fianzas se presenta como una extensión lógica de esfuerzos previos para externalizar los costos de la aplicación de la ley migratoria hacia los propios solicitantes de visas.
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