Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, para exigir verdad y justicia efectiva a tres años del incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Los colectivos denunciaron que, hasta la fecha, no se ha logrado la reparación integral del daño para las 82 víctimas identificadas.
Durante el acto conmemorativo, las organizaciones señalaron que el Estado se niega a otorgar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes, lo cual les impide acceder a la reparación correspondiente. Asimismo, criticaron que los responsables de mayor jerarquía continúan en procesos penales que les favorecen mediante una justicia desigual, citando el caso del ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien además ha sido condecorado con otro cargo público.
En un conversatorio realizado en la Ciudad de México, representantes de Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) detallaron el estatus de los procesos judiciales. A la fecha, únicamente hay cuatro personas en prisión, mientras que siete más siguen su proceso en libertad. El ex titular del INM, Francisco Garduño, continúa acusado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Lorena Cano, del Imumi, expuso que no todos los afectados por la tragedia han recibido una reparación o compensación económica. Específicamente, mencionó que 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas, a pesar de haber estado presentes en el incidente. Por su parte, Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, abordó las deficiencias en los procesos penales que aún carecen de sentencias firmes contra funcionarios del instituto, personal de seguridad privada y otros involucrados.
Las organizaciones enfatizaron que la falta de justicia afecta al total de las 82 víctimas, conformadas por 40 personas fallecidas, 27 hombres sobrevivientes y 15 mujeres sobrevivientes. Denunciaron también el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a este caso.
La jornada de exigencia de justicia incluyó actividades en ambos lados de la frontera. En Ciudad Juárez, se llevó a cabo una vigilia y un viacrucis en el puente internacional Santa Fe, convocando a la comunidad a acompañar el acto con velas y flores. De manera paralela, en la capital del país se desarrolló el conversatorio donde se expusieron las trabas legales que enfrentan los familiares y sobrevivientes para obtener una resolución definitiva.
Los colectivos civiles mantuvieron su postura de que la tragedia no es un caso cerrado y que la memoria de los hechos es fundamental para resistir la indiferencia institucional. Reiteraron que mientras no existan sentencias ejecutoriadas y una reparación plena para todos los afectados, incluyendo a las mujeres invisibilizadas en el proceso penal, la obligación del Estado de garantizar justicia seguirá pendiente.
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