Denuncian daño arqueológico en Tren Maya desde el INAH

Por Redacción

Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pertenecientes a la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio maya durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la destrucción de miles de estructuras y la manipulación irregular de monumentos en proyectos como el parque Balam Tun.

Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo del INAH, señaló que hasta 2026 no se han recuperado más de 62,000 estructuras mayas afectadas por las obras. Los denunciantes apuntan directamente contra Diego Prieto, exdirector del instituto, así como contra Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. También se menciona la responsabilidad de miembros del Consejo de Arqueología en la autorización de estas acciones bajo el argumento de proyectos de desarrollo.

El conflicto interno se agudiza con las contradicciones sobre lo ocurrido en el parque Balam Tun, ubicado en la región de Xpujil, Campeche. Mientras algunas versiones hablan de la destrucción total de estructuras mediante el uso de dinamita y retroexcavadoras, otras fuentes dentro del mismo instituto describen los hechos como una “deconstrucción” donde 36 monumentos arqueológicos fueron desmantelados, reubicados y recombinados para formar parte de los llamados “Parques de la memoria”. Esta práctica ha sido calificada por los denunciantes como un crimen contra la integridad histórica de los sitios.

Además de los daños reportados en Campeche, las acusaciones abarcan el proyecto de Chetumal, donde se estima que 47 monumentos mayas fueron supuestamente restaurados de manera cuestionable. Los especialistas exigen una verificación independiente de los sitios mencionados y la presentación de evidencia documental que respalde o refute el uso de maquinaria pesada y explosivos en zonas de alta densidad arqueológica. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha exacta ni la autoridad específica ante la cual se formalizarán las denuncias, aunque se anticipa que serán presentadas ante instancias fedulares.

La respuesta oficial de los funcionarios denunciados y del INAH como institución sigue siendo un dato faltante en esta controversia. La tensión refleja una fractura profunda dentro del organismo encargado de proteger el patrimonio nacional, donde investigadores que deberían garantizar la conservación se ven obligados a señalar a sus propios colegas y superiores. El caso pone en duda los protocolos de salvamento aplicados en el megaproyecto del gobierno federal en la península de Yucatán.

Este episodio abre un debate sobre lo que legalmente constituye un “crimen de lesa arqueología” y las posibles sanciones para los responsables. La comunidad académica y social espera que se clarifiquen los hechos y se detenga cualquier acción que ponga en riesgo los remanentes de la cultura maya, mientras las autoridades determinan si las intervenciones realizadas fueron técnicas de conservación legítimas o actos de vandalismo institucionalizado.

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