Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron que los trabajos de limpieza para retirar el hidrocarburo derramado en el litoral del Golfo de México son inadecuados y se realizan sin el equipo de protección necesario, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) está ejecutando todas las acciones para limpiar el océano y las playas.
El vertido, que ha contaminado varios kilómetros de la costa, mantiene en incertidumbre a los pobladores respecto a su origen. Las comunidades indígenas, apoyadas por el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, señalaran que no se ha esclarecido si el derrame proviene de un “barco fantasma”, contradiciendo la afirmación categórica de la jefa del Ejecutivo federal de que fue provocado por una embarcación, aunque reconoció que la empresa responsable aún no ha sido determinada.
Ante la falta de claridad sobre la identidad del barco o la compañía accountable, así como la ausencia de resultados oficiales de las investigaciones conducentes por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), los habitantes alertan sobre graves daños económicos y sanitarios. Entre las preocupaciones reportadas figura la venta de pescado contaminado y la posible utilización de disolventes durante las prácticas de limpieza, lo que podría agravar el impacto ambiental en el ecosistema.
La discrepancia entre las versiones oficiales y los reportes ciudadanos subraya la complejidad del evento, detectado por el gobierno hace dos semanas. Mientras la administración federal insiste en que se realizan esfuerzos coordinados para la remediación, los actores locales exigen respuestas concretas sobre la salud de la población y la efectividad real de las maniobras desplegadas en la zona costera.
La situación permanece bajo observación de las organizaciones de derechos humanos y las autoridades ambientales, a la espera de que se difundan estudios oficiales que cuantifiquen el daño ecológico y se establezcan responsabilidades legales precisas sobre el incidente que afecta a la región veracruzana.
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