Chilapa, 31 de mayo de 2026.- Desde el 6 de mayo, autoridades indígenas locales denunciaron la intensificación de ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, pertenecientes al municipio de Chilapa, Guerrero. Los agresiones se llevaron a cabo durante más de ocho horas mediante el uso de armas de alto calibre y bombardeos con drones.
Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas, según lo denunció el Congreso Nacional Indígena. Las comunidades afectadas integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), organización que ha sido víctima de asesinatos, desapariciones, hostigamiento y amenazas.
De acuerdo con reportes de autoridades indígenas, en los últimos 12 años el crimen organizado, específicamente el grupo ‘Los Ardillos’, ha asesinado por lo menos a 81 personas y desaparecido a otras 25 en la región. La Montaña Baja de Guerrero es identificada como un territorio disputado por grupos criminales.
Se señala que los ataques buscan desarticular a la organización indígena que ha resistido tanto al crimen organizado como a los megaproyectos extractivos. El desplazamiento forzado resultante implica para las familias el abandono de todo medio de sustento económico.
El incremento de hechos de violencia en la zona se registra por lo menos desde 2014. Antecedentemente, en 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades acciones para garantizar la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Cipog-EZ.
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