Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- El asesinato de dos profesoras en una escuela preparatoria de esta ciudad, perpetrado por un estudiante de 15 años, detonó un debate a nivel nacional sobre la conveniencia de juzgar a menores de edad como adultos cuando cometen delitos graves. El hecho ocurrió la mañana del martes 24 de marzo en las instalaciones del Colegio Antón Makarenko, donde el agresor, identificado como Osmar “N”, ultimó a Tatiana Madrigal Bedolla y a María del Rosario Sagrero Chávez.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que, según las primeras indagatorias, el ataque fue premeditado: “todo parece indicar que ya lo había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”. Ante la magnitud del crimen, la mandataria federal expresó que la posibilidad de modificar la legislación para sancionar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”.
Pese a las declaraciones presidenciales, Carlos Torres Piña, Fiscal General de Justicia de Michoacán, confirmó que el procedimiento legal contra el adolescente se llevará a cabo estrictamente bajo el sistema de justicia para adolescentes. La autoridad ministerial informó que buscará imputar al menor tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo. El fiscal destacó que el rifle AR-15 utilizado en el homicidio no cuenta con registro y ingresó al país de manera ilegal.
Bajo la normativa vigente, la pena máxima aplicable a un adolescente de entre 14 y 15 años es de tres años de internamiento en centros especializados, enfocados en la rehabilitación. En contraste, si el acusado fuera mayor de edad, el delito de feminicidio podría sancionarse con hasta 50 años de prisión. Esta disparidad legal ha generado exigencias por parte de los familiares de las víctimas, quienes demandan que el proceso judicial sea bajo la ley para adultos, argumentando que la planeación del hecho demuestra una madurez criminal incompatible con la minoría de edad.
Christian “N”, hermano de Tatiana Madrigal, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero, manifestaron públicamente su rechazo a que el caso se tramite en el sistema penal juvenil. Ambos familiares insistieron en que, al tratarse de un evento planeado y no de un acto impulsivo, el responsable debe enfrentar consecuencias proporcionales al daño causado, similares a las de un adulto.
En respuesta a la tragedia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los deudos y a la comunidad educativa, reiterando su compromiso de trabajar para construir entornos escolares libres de violencia. Paralelamente, la administración federal ha anunciado el diseño de un programa nacional de salud mental dirigido a adolescentes, que contempla la capacitación docente y la incorporación de personal especializado en niveles de secundaria y educación media superior.
Mientras se define el rumbo de la discusión legislativa propuesta por el Ejecutivo federal, la investigación local continúa para esclarecer el origen exacto del armamento y los motivos específicos que llevaron al alumno a cometer el doble homicidio. La audiencia inicial para determinar la situación jurídica de Osmar “N” está programada para este jueves 26 de marzo.
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