Por Redacción
Tijuana, 21 de marzo de 2026.- La procuración de justicia en Baja California atraviesa una coyuntura crítica marcada por la convergencia de casos de alto perfil que involucran a funcionarios judiciales, figuras públicas y presuntas redes de narcotráfico. En las últimas horas se han registrado hitos procesales determinantes, incluyendo la diferencia de audiencia para la exjueza Lourdes Molina, acusada de fraude en el esquema piramidal Terablock; la vinculación a proceso del excampeón de boxeo Erik ‘Terrible’ Morales por abuso sexual; y la aparición de mantas amenazantes dirigidas a mandos policiales tras el aseguramiento de toneladas de estupefacientes.
El caso de Lourdes Molina centró la atención este viernes, cuando su audiencia fue diferida debido a que la imputada no se presentó ante el tribunal. La exfuncionaria enfrenta cargos relacionados con su presunta participación en el fraude masivo de Terablock, un esquema financiero que ha afectado a miles de inversionistas en la región. Hasta el momento, no se ha especificado si la ausencia de Molina generará consecuencias legales inmediatas como una orden de aprehensión, aunque el proceso continúa su curso bajo la supervisión de las autoridades competentes.
En otro frente judicial, Erik Morales Hernández, conocido en el ámbito deportivo como Erik ‘Terrible’ Morales, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. La víctima denunció los hechos ocurridos el 4 de julio de 2025, lo que derivó en la captura del exboxeador y exfuncionario municipal. La decisión judicial confirma que existen elementos suficientes para someterlo a juicio, marcando un nuevo capítulo en la vida pública del deportista tijuanense.
Simultáneamente, la seguridad de los servidores públicos se vio comprometida por la colocación de una manta con mensajes intimidatorios dirigida a Sergio Chávez Mondaca, director de investigación de la Fiscalía Estatal de Ciencias (FESC). El texto hace referencia directa al aseguramiento de grandes cantidades de droga, citando específicamente 1,700 libras reclamadas en el mensaje, así como 29.34 kilos de metanfetamina y 38 kilogramos de cocaína. Aunque la fecha mencionada en algunos reportes sobre el decomiso presenta discrepancias, la amenaza subraya la tensión entre las autoridades y los grupos delictivos operando en la plaza.
Este clima de inseguridad institucional se ve agravado por antecedentes recientes de corrupción dentro del mismo sistema. Octavio Andree Espino Torres, exagente del Ministerio Público, y Ana Sofía López Osuna, agente del MP, figuran en registros de capturas previas relacionadas con actividades de narcotráfico. Estos casos evidencian la penetración del crimen organizado en las filas encargadas de impartir justicia, complicando los esfuerzos por depurar las corporaciones en Baja California.
La suma de estos eventos —fraude financiero, delitos sexuales cometidos por figuras públicas, amenazas directas a investigadores y corrupción policial— dibuja un panorama complejo para la Fiscalía de Baja California. Mientras las investigaciones continúan y se definen las situaciones jurídicas de los involucrados, la sociedad tijuanense observa con preocupación la capacidad de respuesta del Estado frente a estas múltiples vulnerabilidades en su estructura legal y de seguridad.
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