Por Luis Martínez Alcántara.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó la presión sobre Colombia al imponer aranceles del 25% a las importaciones colombianas, en respuesta a la negativa inicial del presidente Gustavo Petro de recibir vuelos con migrantes deportados. Además de los aranceles, Trump suspendió la emisión de visados a funcionarios colombianos y sus familias, y ordenó inspecciones aduaneras más estrictas para ciudadanos colombianos en Estados Unidos.
Inicialmente, Petro se mantuvo firme, rechazando la llegada de dos vuelos con deportados y declarando que no permitiría aviones con ciudadanos tratados indignamente. Sin embargo, ante la amenaza de Trump de aumentar los aranceles al 50% y el impacto económico que esto representaría para Colombia, que depende de Estados Unidos para una cuarta parte de sus exportaciones, el gobierno colombiano reconsideró su postura.
Finalmente, Colombia accedió a aceptar sin restricciones el regreso de sus ciudadanos deportados, con garantías de trato digno. Petro incluso ofreció el avión presidencial para facilitar las deportaciones de manera humanitaria. En respuesta, Estados Unidos anuló el aumento de aranceles y suspendió las sanciones previstas, aunque las restricciones de visado y las inspecciones aduaneras más estrictas permanecerán hasta que se complete el primer vuelo de deportación.
Este episodio subraya las tensiones en la relación bilateral entre ambos países, donde las políticas migratorias y comerciales se entrelazan. Trump ha dejado claro que impondrá aranceles a los países que no cooperen en la aceptación de migrantes deportados, mientras que Petro ha enfatizado la necesidad de un trato digno para los migrantes y ha criticado las medidas migratorias de Trump.
Ambos gobiernos buscan ahora un acuerdo más estable y continuarán las negociaciones de alto nivel para garantizar que las deportaciones se realicen de manera digna y respetuosa, evitando futuras sanciones comerciales que podrían afectar significativamente la economía colombiana.
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